En apenas 48 horas debería reabrirse la negociación entre el Gobierno y legisladores oficialistas y opositores en busca de coronar una tarea que asoma por demás compleja: alumbrar un acuerdo para aprobar el Presupuesto y la ley Impositiva que quedaron trabados en los laberintos de la Legislatura a fines del año pasado.
El panorama, en principio, parece estar lejos de ser auspicioso. La reunión prevista para el martes no tiene, aún, confirmación formal. Incluso varios de los legisladores que deberían acudir ni siquiera saben la hora de la cita. En el gobierno de Axel Kicillof no son optimistas respecto del resultado de ese diálogo que se gestó en medio de la polémica de fin de año. “Cero expectativas”, sostienen en el Ejecutivo.
Los motivos por los que se trabó el acuerdo, siguen vigentes. Uno en particular: la cerrada negativa del Gobernador a cubrir al menos una de las cuatro vacantes que existen en la Suprema Corte. El radicalismo insiste con ese planteo; Kicillof no quiere saber nada con ceder.
La UCR tiene parte de la llave para darle vía libre al aspecto más saliente del Presupuesto: el capítulo que autoriza al Gobierno a salir a tomar deuda por casi 1.300 millones de dólares para cancelar compromisos con bonistas. Con esa carta bajo el brazo, legisladores del partido centenario presionan para quedarse con ese cargo en el alto tribunal.
Kicillof tiene decidido no abrir el juego por razones que resultan casi obvias: la cobertura de una vacante dispararía el planteo para ocupar las tres restantes. Una de ellas, al menos, debería quedar en poder de Cristina Kirchner. La otra, en manos de Sergio Massa. El Gobernador tiene cortado el diálogo con la ex presidenta y no aparecen canales para restituirlo. En esos términos, ensayar una negociación hacia adentro del propio oficialismo resulta casi una quimera.
En sectores de la oposición escarban en la herida de la interna oficialista. “Si tener el Presupuesto implica resignar la posibilidad de desdoblar las elecciones, entonces no lo quieren”, analizan.
Kicillof sigue meditando adelantar los comicios bonaerenses pese a los deseos en contrario de Cristina Kirchner y Massa. Se lo reclaman los intendentes aliados a su sector y buena parte de la mesa de funcionarios que lo rodea. El Gobernador dilata una decisión a la espera, dicen en su entorno, de que se resuelva si avanza en el Congreso la eliminación de las Primarias previstas para agosto.
La evaluación, sin embargo, es mucho más profunda. Porque la decisión no parece estar atada a una mera táctica electoral sino a una determinación política de fondo: romper con Cristina Kirchner y dar la pelea por el liderazgo en el peronismo. Esa lucha por el poder es la que intendentes de peso de la Provincia y varios funcionarios le piden a Kicillof que asuma si quiere robustecer sus chances de ser candidato presidencial en 2027. Pretenden que ese gesto de independencia debe, además, quedar plasmado en las listas de candidatos que competirán por bancas en la Legislatura.
Cristina cree que el mejor negocio electoral para el PJ es polarizar con el presidente Javier Milei. Por eso quiere que las elecciones en la Provincia sean en la misma fecha que las nacionales. También rechaza el desdoblamiento con el argumento de que se van a terminar discutiendo cuestiones vinculadas a la Provincia como la inseguridad en lugar de los efectos de las políticas económicas nacionales sobre el principal distrito del país.
Pero, como se dijo, la decisión que tiene que tomar Kicillof excede la especulación sobre una determinada táctica electoral. En el fondo, hay una disputa de poder que terminará marcando si hay o no desdoblamiento de las elecciones.
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